Steve Kramer, un asesor político de Nueva Orleans, se ha convertido en el centro de atención tras recibir una abultada multa de 6,00 € millones por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) debido a una serie de llamadas automáticas ilegales que emplearon tecnología de deepfake para imitar la voz del Presidente Biden. Estas llamadas se transmitieron durante las primarias de New Hampshire de 2024, un hecho que no solo ha levantado ampollas en el ámbito político, sino que también ha puesto de relieve los riesgos asociados con el uso indebido de la inteligencia artificial.

Kramer infringió la Ley de Veracidad en la Identificación de Llamadas, puesta en vigor en 2009, al falsificar deliberadamente la identificación del llamante para engañar y obtener ventajas indebidas. Aunque la ley fue aprobada mucho antes de la explosión de las tecnologías de IA, el FCC decidió en febrero pasado que debía aplicarse a casos como el de Kramer, que empleó estas nuevas herramientas digitales para manipular la percepción pública.

En un descaro sin precedente, las grabaciones engañosas emitían una advertencia del supuesto presidente Biden a los votantes de New Hampshire, desalentándolos de participar en las elecciones primarias. Las llamadas se enmascararon para parecer provenientes de Mary Smith, expresidenta del Partido Demócrata de New Hampshire, intensificando la sorpresa entre el electorado y los medios.

La maniobra incluso involucró al ilustrador y mago Paul Carpenter, quien, en una peculiar colaboración, utilizó un generador de voz AI de la empresa ElevenLabs para crear las grabaciones en tan solo 20 minutos. Un sorprendido Carpenter declaró que pensaba que su trabajo había sido autorizado debidamente, tras recibir el pago a través de Venmo.

Pese al alegato de Kramer de que su acción era un experimento para concientizar sobre los peligros de la tecnología, su esfuerzo de 500,00 € le ocasionó severas repercusiones. Además de la multa de la FCC, se enfrenta a 13 cargos de delitos graves por supresión de votantes y 13 cargos de delitos menores por suplantación de un candidato, anunciados por el fiscal general de New Hampshire, John M. Formella.

Esta situación ofrece una visión preocupante sobre cómo las tecnologías avanzadas pueden ser manipuladas para distorsionar la realidad en contextos políticos. Las sanciones impuestas buscan no solo castigar, sino también disuadir el uso ilícito de tecnologías emergentes que podrían amenazar el proceso democrático. Este caso plantea la urgencia de revisar y actualizar las leyes para mantenerse al día con el rápido avance tecnológico.