La reciente sentencia del juez John Mendez ha provocado una gran atención mediática. El 3 de octubre de 2024, a escasos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se bloqueó una ley de inteligencia artificial en California que prohibía la distribución de deepfakes relacionados con las elecciones. Esta ley, conocida como AB 2839, fue firmada por el gobernador Gavin Newsom a mediados de septiembre. Newsom había enfatizado la necesidad de tal legislación tras incidentes en los que figuras políticas fueron objeto de videos manipulados sin la debida advertencia.

La prioridad de la ley AB 2839 era responsabilizar a aquellos que distribuyeran deepfakes políticos diseñados para engañar, especialmente dentro de un periodo de 120 días antes de unas elecciones. Además, los ciudadanos afectados por estos deepfakes podrían interponer acciones legales, buscando que quien los distribuyó retirase el contenido para evitar sanciones económicas.

El caso que desencadenó el bloqueo de la ley fue un video compartido por el usuario de X, Christopher Kohls, quien sostenía que la pieza era sátira y, por lo tanto, protegida por la Primera Enmienda. Judge Mendez decidió a favor de Kohls, indicando que la ley no satisfacía el examen riguroso necesario y sus exigencias de divulgación eran excesivas. Comparó los videos en plataformas como YouTube, Facebook y X con anuncios en periódicos y dibujó paralelos con caricaturas políticas, reforzando que el derecho a la libre expresión debe mantenerse, independientemente del medio utilizado.

Si bien la ley AB 2839 continúa bloqueada, su destino aún podría cambiar a medida que avance el proceso legal. Sin embargo, es improbable que ocurra antes de las elecciones de este año, lo que plantea interrogantes sobre el control de contenido engañoso durante el periodo electoral.

Esta sentencia subraya las complejidades legales actuales frente al avance de la inteligencia artificial y la intersección con los derechos de libre expresión. Con el potencial retorno de AB 2839, el debate en torno a la regulación de los deepfakes sigue vigente, recalcando la importancia de equilibrar la protección de la información pública con los principios constitucionales.