En el estado de Oregón, las recientes alteraciones legislativas en materia de drogas han sacudido a la comunidad, desencadenando un debate candente sobre el impacto de la despenalización y recriminalización en las muertes por sobredosis. El estado adoptó en 2021 el Acta de Tratamiento y Recuperación de Adicciones en Drogas (Measure 110), convirtiéndolo en el primero de EE. UU. en despenalizar las drogas duras como la heroína, metanfetamina y fentanilo, permitiendo así que quienes poseyeran pequeñas cantidades de estas sustancias enfrentaran sólo una multa de 100,00 € en lugar de arresto. Sin embargo, el esperanzador experimento de despenalización duró poco, puesto que el incremento del 41% en muertes por sobredosis en un año motivó su recriminalización el mes pasado.
A pesar de la percepción común que asocia el alza de estas muertes con la despenalización, un estudio reciente publicado en JAMA Network Open desafía esta narrativa. Brandon del Pozo, investigador principal de la Universidad de Brown, y su equipo han apuntado al fentanilo como el verdadero causante del aumento de mortalidad por sobredosis en Oregón. Utilizando datos de laboratorios forenses, descubrieron que en cada estado de EE. UU., la llegada del fentanilo a los mercados de drogas provocó un aumento en muertes por sobredosis. En Oregón, el aumento fue paralelo al momento en que se implementó la despenalización en 2021, pero el equipo detectó que realmente fue el fentanilo el detonante.
Dicha investigación, financiada por los Institutos Nacionales de Salud y la organización filantrópica Arnold Ventures, señala que incluso en el estado vecino de Washington, donde las drogas fueron recriminalizadas en 2021 tras un breve periodo de despenalización, las muertes por sobredosis continuaron en aumento, subrayando al fentanilo como el factor determinante. Keith Humphreys, co-director de la Red de Políticas de Adicción de Stanford, muestra escepticismo con respecto a los hallazgos, cuestionando el impacto no contemplado de la política en el acceso al fentanilo.
Las voces críticas también apuntan a la insuficiencia de acceso al tratamiento como un factor que complicó la situación. Oregón ha sido catalogado como el peor estado en EE.UU. en cuanto al acceso a tratamiento para adicciones. Haven Wheelock, defensora de la despenalización, admite que una implementación más pausada podría haber sido beneficiosa, lamentando cómo la celeridad de la despenalización no permitió abordar adecuadamente las necesidades subyacentes de los adictos. Las impresionantes reuniones de comunidades para proporcionar servicios de reducción de daños, como programas de intercambio de jeringas y distribución de naloxona, hicieron más accesibles algunos apoyos, pero fueron insuficientes sin una extensión adecuada del acceso a tratamientos basados en evidencia.
Con el debate ardiente aún en curso, se está generando una conciencia nacional que observa con cuidado las decisiones de Oregón. Los expertos abogando por una respuesta comunitaria unificada destacan que no solo se deben ver las políticas de prohibición como la solución definitiva, sino como parte de un enfoque más integral para abordar las adicciones, contemplando factores económicos y sociales más amplios que alimentan la crisis.