La lucha de Alemania para detener la imposición de derechos de aduana sobre los vehículos eléctricos chinos se vislumbra como un desafío casi insuperable. En un último intento por revertir una decisión que amenaza con crear tensiones comerciales con China, el país germano busca reunir el apoyo necesario de otros estados miembros de la UE antes del voto definitivo. Liderado por el canciller Olaf Scholz, Berlín aboga por una excepción en el uso de la mayoría calificada para impedir la medida propuesta por la Comisión Europea.
La posible implementación de estos aranceles surge tras una investigación antisubvenciones realizada por la Comisión, iniciada por la presidenta Ursula von der Leyen, que recomienda tarifas entre el 8% y el 35%, basadas en el nivel de cooperación de empresas como Tesla frente a otras como SAIC. En este contexto, la industria automotriz europea enfrenta presiones para abandonar el motor de combustión interna antes de 2035, una medida que pretende acompañar la transición hacia tecnologías de transporte más sostenibles.
Sin embargo, el temor a desencadenar una respuesta política de China, que ha amenazado con represalias contra ciertos productos europeos, complica el panorama para los países indecisos. Aunque el voto informal del 15 de julio reveló un apoyo sustancial hacia los aranceles, escalando a un 60% ponderado de la población de la UE, Alemania y otros pequeños estados se mantienen en un impasse.
Para enviar un mensaje claro durante la votación oficial, Alemania intentó reconciliar las diferencias internas. Con una coalición gubernamental dividida entre socialdemócratas opositores y ecologistas ambivalentes, el ministro de Economía, Robert Habeck, convocó a un “sommet” de crisis con los líderes automotrices, aunque sin alcanzar un consenso firme.
En la esfera diplomática, España e Italia, anteriormente a favor de los derechos, han instado a una resolución negociada con China, reflejando los llamados del primer ministro español Pedro Sánchez durante su reciente visita a Pekín. Sin embargo, incluso un cambio de postura por parte de estos países no otorgaría a Alemania la mayoría calificada necesaria, establecida en un 65% de la población de la UE, lo que obliga a Berlín a atraer más apoyo, posiblemente de grandes naciones como Polonia o los Países Bajos.
A medida que se acerca la decisión final, la realidad es que la oposición enfrenta una batalla complicada. Aunque un rechazo en primera instancia podría parecer plausible, alcanzar la mayoría calificada es un escollo considerable en este juego de negociación internacional. La cuestión ahora es si Alemania y sus aliados pueden elevar su posición para evitar una potencial guerra comercial y permitir una transición suave hacia el futuro del transporte europeo.