Boris Johnson, el ex primer ministro del Reino Unido, ha defendido públicamente la necesaria renovación de su residencia oficial en Downing Street, sugiriendo que su estado previo recordaba más a un antro que a una digna casa de gobierno. Ante los cuestionamientos, Johnson enfatizó la necesidad de las mejoras considerables, que comenzaron a implementarse durante su mandato.
Las reformas, a cargo de la diseñadora de alta gama Lulu Lytle, alcanzaron un costo de al menos £112,000, superando ampliamente el subsidio anual de £30,000 para tales gastos. La revelación de que el financiamiento provino parcialmente de un generoso donante conservador, David Brownlow, cuyo apoyo no fue declarado adecuadamente, provocó un notable escándalo. La situación condujo a una multa de £17,800 para el Partido Conservador, impuesta por la Comisión Electoral, por la falta de transparencia en la declaración de las donaciones.
Mientras Johnson continuaba su ronda de entrevistas para promocionar su nuevo libro “Unleashed”, insistió en que sí era necesario renovar el interior de su vivienda oficial, aunque desestimó las versiones que indicaban un costo total de £200,000, tachando esa cifra de imprecisa y sin sentido. El ex primer ministro también se refirió a comentarios sobre un papel tapiz presuntamente dorado, negando su existencia y restándole importancia al asunto con un “no soy experto en papel tapiz.”
Las explosivas revelaciones de su libro han capturado la atención de Westminster, no solo por detalles sobre la salud de la fallecida reina Isabel II en sus últimos años, sino también por escabrosos señalamientos como la sugerencia de que Benjamin Netanyahu, de Israel, había intervenido su baño; y anécdotas sobre un intento de convencer al príncipe Harry de no dejar el Reino Unido.
Finalmente, aunque el escándalo dejó en entredicho el criterio ético de Johnson, una investigación del gobierno lo exoneró de cualquier mala praxis, si bien señaló que había actuado de manera “imprudente”. Cameron creerá que su residencia ahora está adecuada para el corazón del gobierno británico, pero el debate sobre transparencia y conflictos de intereses parece lejos de terminar.