El gobierno de Estados Unidos, liderado por la administración de Joe Biden, ha tomado un firme paso hacia la protección de su seguridad nacional proponiendo una regulación que busca prohibir la importación de vehículos y componentes “conectados” provenientes de China y Rusia. Este movimiento se enfoca en vehículos equipados con sistemas avanzados de conectividad, tales como los sistemas de conducción autónoma y conectividad del vehículo, conocidos respectivamente como ADS y VCS.
Según ha trascendido del Departamento de Comercio, esta reglamentación intentará bloquear la entrada a productos que puedan ser utilizados para espiar a los estadounidenses o incluso manipular sus vehículos de manera remota. Gina Raimondo, Secretaria de Comercio, destacó la intrincada relación entre estas tecnologías y la cantidad de información que podrían revelar a adversarios extranjeros, exponiendo a los ciudadanos estadounidenses y su infraestructura crítica.
Este esfuerzo no es nuevo en el ámbito de las restricciones a productos chinos, ya que sucede a los aranceles del 25 % impuestos por Donald Trump y al aumento de estos al 100 % en los vehículos eléctricos por parte de la actual administración. Además, relata los métodos por los que esperan controlar la entrada de estos productos a través de módulos de comunicación como Bluetooth, Wi-Fi y satélites, unidades clave en la telemática moderna de los automóviles.
La relevancia viene en un contexto donde el año pasado EE.UU. importó 458,00 € mil millones en vehículos y piezas, de los cuales 17,00 € mil millones vinieron de China. Estos números resaltan la necesidad de una regulación bien calibrada que no afecte a aliados, ya que otros países podrían verse forzados a cambiar sus proveedores si utilizaban componentes chinos o rusos.
Esta medida ha provocado reacciones del gobierno chino, cuyo portavoces han denunciado prácticas discriminatorias por parte de EE.UU. al invocar el término de “seguridad nacional” para bloquear la entrada de productos chinos. Por otro lado, el gobierno estadounidense argumenta que la presencia de malware preposicionado en infraestructura crítica ya es suficiente evidencia de intenciones maliciosas de países como China.
En respuesta a las preocupaciones de industria, el gobierno ha anunciado un nuevo periodo de comentarios públicos antes de implementar la norma. Raimondo asegura que el peligro es demasiado real como para ignorarlo, e insiste en que no solo está en juego la privacidad, sino que adversarios podrían desatar caos al tomar control remoto de vehículos en el país.
El desarrollo del reglamento probablemente despertará más comentarios y cambios antes de que entre en vigencia, lo que se espera para el año modelo 2027 en software y para el 2030 en hardware. Esta decisión evidencia un enfoque exhaustivo sobre la seguridad digital y física en infraestructuras vehiculares, reflejando una preocupación creciente por la protección en un mundo hiperconectado.