La decisión de Liz Truss, entones secretaria de Comercio del Reino Unido, de autorizar en 2020 el apoyo financiero de 1,00 € mil millones para un proyecto de gas en Mozambique, ha vuelto a ser foco de atención debido a los informes de graves abusos cometidos en la región. Aprobada a pesar de la oposición de miembros del gabinete, incluyendo al mismo Primer Ministro Boris Johnson, la decisión favoreció la inversión de TotalEnergies en un contexto ya afectado por la actividad insurgente de grupos ligados a ISIS desde 2019.

Los enfrentamientos en la región de Cabo Delgado se intensificaron notablemente después de la intervención de Truss. A partir de abril de 2021, las operaciones del proyecto se detuvieron mientras militares yucieron fuerzas sospechosas de ser insurgentes, resultando en la muerte de más de 1,000 civiles. El proyecto, asociado ahora con denuncias de secuestros, violaciones y asesinatos, ha generado movimientos legales y protestas por parte de grupos como Friends of the Earth.

El comité de la compañía TotalEnergies ha afirmado desconocer tales atrocidades, pero las investigaciones documentan que las fuerzas que trabajaban en el perímetro del sitio detuvieron, torturaron y mataron a numerosos individuos, dejando solo 26 sobrevivientes entre las víctimas retenidas. La creciente preocupación por el impacto ambiental y humano motivó una revisión de las políticas de financiación del Reino Unido hacia proyectos de combustibles fósiles, impulsada por Johnson meses después de la aprobación de Truss.

En medio de tal confusión, la nueva administración del gobierno laborista del Reino Unido, junto con otros actores internacionales, está reconsiderando sus futuros compromisos financieros con el proyecto. A pesar de los riesgos y perjuicios asociados, TotalEnergies parece interesada en reiniciar operaciones para finales de 2024, mientras crece la presión internacional para que Reino Unido retire su respaldo.

La comunidad internacional observa con inquietud las labores en Mozambique, que han cobrado tanto impacto ambiental como humanitario. En definitiva, decisiones como las de Truss generan un dilema entre el desarrollo económico y su costo social, incentivando una reflexión profunda sobre las políticas energéticas en zonas de conflicto.