En el Parlamento Británico se abre un nuevo capítulo en torno al polémico asunto del derecho a la muerte asistida, una cuestión que ha polarizado a la sociedad británica durante años. Este mes, los legisladores debatirán una propuesta que podría otorgar a las personas en fase terminal el derecho a decidir sobre el final de sus vidas, un tema que el Primer Ministro Keir Starmer considera de gran importancia, dada su afirmación de estar “personalmente comprometido” con la modificación de la ley actual.
La propuesta, presentada por la parlamentaria Kim Leadbeater, se alinea con iniciativas anteriores, como el proyecto del ex Secretario de Justicia Charlie Falconer, que planteaba autorizar que las personas con menos de seis meses de vida pudieran recibir ayuda médica para acabar con su sufrimiento de manera digna. Sin embargo, los detalles del proyecto aún están por definirse.
El tema del suicidio asistido permanece ilegal en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, con penas que alcanzan hasta los 14 años de prisión. Este marco punitivo ha provocado una creciente voluntad por parte de diversas voces públicas, incluida la presentadora Esther Rantzen, actualmente afectada por cáncer de pulmón, para pedir un cambio en la legislación.
La discusión se llevará a votación de libre conciencia, liberando a los miembros del Parlamento de votar alineados con sus partidos. Incluso los ministros de gabinete podrán emitir su voto sin adherirse a la responsabilidad colectiva, según confirmó el Secretario del Gabinete, Simon Case.
Esta propuesta ha recibido opiniones divididas dentro del gobierno. Ed Miliband, Secretario de Energía, ha calificado la ley existente como “cruel”, mientras que el Secretario de Salud, Wes Streeting, duda sobre el tema, citando preocupaciones sobre los cuidados paliativos en el Reino Unido. Estos matices reflejan que no existe un acuerdo unánime sobre el futuro de esta iniciativa.
Más allá de los muros del Parlamento, la propuesta ha encontrado detractores significativos entre personas con discapacidad, defensores de derechos humanos y líderes religiosos. Tanni Grey-Thompson, destacada paralímpica, ha señalado su preocupación sobre el impacto potencial en personas vulnerables.
El Reino Unido se encuentra observando modelos en países como Suiza, Austria y Canadá, donde el suicidio asistido ha sido legalizado parcialmente. En su propio territorio, regiones como Escocia, Jersey y la Isla de Man también están tomando en consideración reformas al respecto.
Mientras el Parlamento se prepara para enfrentar este delicado tema, queda claro que la sociedad británica deberá reflexionar sobre las implicaciones éticas y morales que rodean el derecho a decidir sobre el final de la propia vida, una cuestión que no solo desafía a los legisladores sino a cada ciudadano.