El caso del uso del burkini en piscinas públicas de Bélgica ha tomado un nuevo giro. Todo comenzó cuando en 2017, dos mujeres fueron impedidas de ingresar a una piscina municipal en Amberes debido a que portaban burkinis, un traje de baño de cuerpo completo. Esto generó una controversia legal que cuestionaba una normativa municipal que consideran discriminatoria por motivos religiosos.

Las mujeres argumentaron ante las autoridades legales que esta restricción afectaba su libertad de expresión religiosa, siendo el burkini una prenda predominante entre mujeres musulmanas que desean preservar su pudor al mismo tiempo que mantienen su fe. El caso llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el cual recientemente decidió devolverlo a Bélgica, indicando que aún existen vías legales sin explorar dentro del sistema judicial local, específicamente el Tribunal de Casación belga.

Es vital destacar que en Bélgica no hay una prohibición oficial del burkini, lo que hace que las restricciones en piscinas sean más bien una decisión a nivel individual de los establecimientos. Sin embargo, la polémica persiste, dado que la mayoría de piscinas en el país aplican esta prohibición. Este panorama refuerza el debate sobre la libertad religiosa y la igualdad en las normas de uso de espacios públicos en contextos multiculturales.

Este caso no solo expone una cuestión jurídica, sino que encarna dilemas más amplios sobre la convivencia entre valores religiosos y normativas laicas en sociedades occidentales, donde las posturas ideológicas y culturales a menudo colisionan. Las implicaciones de esta disputa podrían sentar precedentes importantes respecto a la aceptación de diversidad cultural y religiosa en Europa.