En un período marcado por la austeridad presupuestaria, las instituciones más altas de Francia, incluida la presidencia, la Asamblea Nacional y el Senado, han decidido congelar sus asignaciones presupuestarias, tras una polémica generada por las propuestas iniciales de aumento que superaban la inflación. Esta decisión se dio a conocer poco después de que el proyecto de ley de finanzas de 2025 fuera revelado y criticara la gestión pasada de la presidencia, indicando un déficit significativo.

La polémica comenzó cuando se propuso un incremento del 2,5% en la dotación de la presidencia, ascendiendo su presupuesto de 122,6 millones de euros a 125,7 millones, cifra que superaba la inflación proyectada. Este hecho generó críticas, ya que el gasto anterior había dejado un déficit de más de 8 millones de euros en 2023 y se había visto incrementado en 12 millones durante 2024, situación resaltada en un reciente informe de la Cour des comptes.

Con la presión pública y la necesidad de dar ejemplo en un contexto de restricciones presupuestarias, la presidencia decidió dar marcha atrás y renunciar al aumento planificado. Asimismo, las dos cámaras del Parlamento, en un comunicado conjunto, anunciaron que también renunciarían a sus respectivos aumentos presupuestarios, argumentando la necesidad de participar activamente en los esfuerzos por sanear las finanzas públicas del país.

Para el presupuesto de 2024, el Palacio de Borbón y el Palacio de Luxemburgo habían proyectado una indexación de sus asignaciones con la inflación. Sin embargo, las reducciones en las asignaciones parlamentarias implicarán un ahorro total de 16 millones de euros. Este congelamiento de créditos será oficializado mediante enmiendas al debatir la parte de ingresos del proyecto de ley de finanzas de 2025.

En conclusión, la decisión de congelar las dotaciones es un gesto simbólico y estratégico que refleja el compromiso del gobierno francés y sus instituciones con la consolidación fiscal y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.