La justicia francesa ha marcado un precedente histórico al abrir su primer caso de genocidio contra una ciudadana francesa. Sonia Mejri, de 35 años, enfrenta una serie de cargos graves por su presunta implicación en atrocidades cometidas en Siria. Acusada de genocidio contra el grupo religioso Yazidi, Mejri habría participado en actos de esclavitud, tortura y privación de libertad física de una adolescente Yazidi que sufrió durante años.

Según las autoridades, Mejri ejerció un papel activo en las violaciones de derechos humanos mientras estuvo en Siria, siendo parte de la red del autodenominado Estado Islámico. Su esposo, Abdelnasser Benyoucef, era una figura clave en las operaciones externas de este grupo radical. Mejri, quien alguna vez dirigió un snack bar en Francia, decidió trasladarse a Siria en 2014, aparentemente para unirse y vivir bajo el régimen del ISIS.

El caso ha cobrado mayor relevancia debido a los antecedentes de su difunto marido, Benyoucef, quien ya había sido condenado en Francia, en ausencia, por planear un fallido atentado en 2015. Su accionar también incluyó la compra y subsecuente venta de la joven Yazidi en cuestión.

La víctima, quien ahora tiene 25 años, testimonió bastante detalladamente los horrores vividos en manos de sus captores. Durante seis años, fue víctima de múltiples abusos, físicos y psicológicos, sometida a sufrimientos de forma inhumana y vendida como mercancía entre miembros del grupo.

La Fiscalía Antiterrorista francesa se mantiene firme en su intento de buscar justicia para la joven y su comunidad, que ha soportado insoportables condiciones bajo el yugo del ISIS. Este caso es, sin duda, un importante eslabón en la cadena de esfuerzos internacionales por erradicar la impunidad ante actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Este juicio resuena en el mundo como un recordatorio sombrío de los horrores que muchas comunidades han sufrido, y la urgente necesidad de justicia y reconstrucción de sus vidas.