La reciente decisión del gobierno francés de presentar un nuevo proyecto de ley sobre inmigración ha generado un gran interés político y social en Francia. Menos de un año después de la implementación de una ley anterior que dividió al grupo pro-Macron, el primer ministro actual, Michel Barnier, busca una nueva reforma que promete incrementar el control sobre las personas que residen en el país sin permiso legal.
Este nuevo proyecto incluirá medidas como la extensión del periodo durante el cual los individuos pueden ser retenidos en centros administrativos a la espera de la deportación. Desde que Barnier asumió su puesto el mes pasado, junto a su ministro del Interior de línea dura, Bruno Retailleau, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para controlar la inmigración tanto legal como ilegal, con reformas propuestas a nivel nacional y europeo.
Tal enfoque ha provocado incomodidad y descontento entre los legisladores centristas que han apoyado al presidente francés Emmanuel Macron desde su elección en 2017. Francia se suma así a una ola de países europeos que están adoptando posturas más estrictas sobre la migración, en un escenario político donde los partidos populistas están ganando terreno, como lo demuestra la reciente victoria del Partido de la Libertad en Austria.
La presión a favor de un endurecimiento de las políticas migratorias proviene de fuerzas de extrema derecha y también de partidos más liberales en Dinamarca y Alemania. Se espera que el tema de la migración tenga un papel destacado en la reunión de líderes del Consejo Europeo el 17 de octubre en Bruselas.
Retailleau pretende acelerar la implementación del Pacto de Migración y Asilo de la UE, aprobada recientemente tras más de una década de preparación. Se busca reforzar el control de las fronteras exteriores del bloque, agilizar las deportaciones y aumentar la cooperación con los países de tránsito.
Con un gobierno minoritario apoyado por una base estrecha de legisladores centristas y de derecha, el primer ministro Barnier tendrá que buscar consenso más allá de sus filas. La izquierda francesa ya ha señalado que luchará contra el proyecto de ley, obligando al gobierno a buscar el apoyo del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional y sus aliados.
Aún resentidos por las secuelas de la reforma migratoria anterior que provocó la dimisión del exministro de Salud, los legisladores centristas expresaron su escepticismo. “Votar una ley por el simple hecho de votar no parece una prioridad”, comentó el ex primer ministro Gabriel Attal, quien lidera el grupo pro-Macron Renaissance en la Asamblea Nacional. La extrema derecha, mientras tanto, se atribuye el mérito de la nueva iniciativa, con el presidente del Reagrupamiento Nacional, Jordan Bardella, afirmando que “ahora, nada en el parlamento puede hacerse sin nosotros”.
Esta ofensiva política aprovecha el creciente impulso en varias capitales europeas para endurecer las políticas de inmigración, en un contexto donde los partidos de extrema derecha encuentran eco en la opinión pública. Sin embargo, cabe preguntarse por las consecuencias sociales y políticas de estas políticas cada vez más restrictivas, y si realmente abordarán las complejidades del fenómeno migratorio en Europa de manera justa y humana.