La compra de Opella, una subsidiaria del gigante farmacéutico Sanofi, por parte del fondo privado estadounidense CD&R, ha generado un intenso debate político en toda Francia. Sanofi anunció este lunes que está en conversaciones exclusivas con CD&R para vender el 50% de las acciones de Opella por un monto cercano a los 16 mil millones de euros. Esta posible transacción ha levantado preocupaciones acerca de la continuidad de la producción y el mantenimiento de empleos dentro de las fronteras francesas.

Los temores no son infundados, considerando que la operación toca directamente la producción de medicamentos esenciales como el paracetamol —famoso en Francia bajo la marca Doliprane—. Las críticas provinieron de diversos partidos políticos que advierten que este acuerdo podría contravenir el esfuerzo europeo post-pandemia para reforzar las cadenas de suministro de medicamentos críticos. Sin embargo, el Gobierno francés, que ve con buenos ojos la operación, ha puesto condiciones estrictas para salvaguardar la producción nacional.

El domingo se llegó a un acuerdo trilateral donde todas las partes involucradas, incluido el gobierno francés, pactaron que Opella deberá mantener la producción, el empleo y la gestión dentro del país. Esto se asegurará mediante sanciones económicas severas. Específicamente, si Opella detuviera la producción en dos fábricas cruciales, enfrentaría multas de 40 millones de euros. Además, cualquier despido económico conllevaría un castigo de 100.000 euros por caso.

Una parte esencial de este acuerdo busca preservar las relaciones de Opella con los proveedores franceses. Se estipuló que la subsidiaria debe adquirir ingredientes activos para el paracetamol de una futura fábrica en Francia, a cargo de Seqens, planificada para abrir en 2026. Si Opella incumple, se expone a una penalización de 100 millones de euros. Por otro lado, Bpifrance, el banco de inversión pública de Francia, comprará una pequeña participación en Opella, con el fin de mantener una visibilidad estratégica sobre sus operaciones.

Además, CD&R se comprometió a invertir 70 millones de euros en las operaciones francesas de Opella durante los próximos cinco años, garantizando que la sede y las actividades de investigación y desarrollo permanezcan en Francia. Este plan de inversión refuerza los objetivos estratégicos de Francia para repatriar la producción de medicamentos y asegurar empleos locales.

El panorama parece optimista para el gobierno francés, que confía en que las sanciones impuestas asegurarán el compromiso de CD&R con la economía local. Sin embargo, los trabajadores de Opella siguen en huelga, manifestando desconfianza y preocupaciones por su seguridad laboral. Solo el tiempo demostrará si esta medida permitirá mantener los estándares de producción y empleo en territorio francés, mientras la política de protección económica nacional se enfrenta a la prueba real.