El nuevo gobierno francés, liderado por el Primer Ministro Michel Barnier, se enfrenta a un gran desafío: reducir el déficit presupuestario de Francia, que actualmente supera el umbral establecido por las reglas de la Unión Europea. Se espera que el déficit de este año supere el seis por ciento del producto interno bruto (PIB), muy por encima del límite del tres por ciento requerido por la UE.

Para enfrentar este “colosal” problema de deuda, Barnier ha declarado que el país necesitará hasta 2029 para ajustar su déficit según las normativas europeas, un plazo que supera en dos años la expectativa inicial. El Primer Ministro ha anunciado medidas contundentes, incluyendo recortes en el gasto y un aumento de impuestos a las mayores empresas y personas adineradas. Estos esfuerzos pretenden situar el déficit por debajo del cinco por ciento del PIB para 2025.

Sin embargo, estas propuestas han generado controversia. Gabriel Attal, ex primer ministro y actual representante de los centristas en la Asamblea Nacional, se opone al plan de incrementar impuestos sobre las grandes corporaciones, argumentando que podría amenazar millones de empleos y provocar que las empresas francesas migren al extranjero.

Además, Francia enfrenta un procedimiento de déficit excesivo en Bruselas debido a los gastos del año anterior, lo que ejerce una gran presión sobre el gobierno de Barnier para presentar, antes del 9 de octubre, un presupuesto para el año siguiente y, antes del 31 de octubre, un plan de déficit creíble para los años venideros.

En conclusión, el camino hacia la reducción del déficit es arduo y requerirá decisiones difíciles. El enfoque de Barnier, al igual que el apoyo necesitado del grupo radical Rassemblement National, ilustra una realidad económica compleja donde el equilibrio fiscal debe buscarse sin comprometer el crecimiento económico y el bienestar social.