Un jurado federal ha emitido una acusación contra varios ciudadanos iraníes por cargos relacionados con el hackeo a la campaña presidencial de Donald Trump en 2024. La acusación, aprobada secretamente un jueves por la tarde, revela que los hackers iraníes habrían robado comunicaciones internas del equipo de Trump durante el verano. Posteriormente, estos materiales habrían sido enviados a periodistas y a personas vinculadas a la campaña de reelección de Joe Biden, antes de que Kamala Harris fuera nombrada candidata demócrata.
La campaña de Trump confirmó el hackeo el mes pasado, tras la recepción de documentos internos, incluido un dossier de investigación sobre JD Vance, compañero de fórmula de Trump. Microsoft confirmó que en junio se envió un correo electrónico de phishing dirigido a un alto cargo de la campaña presidencial, supuestamente por hackers iraníes.
Un comunicado conjunto de las agencias de seguridad estadounidenses indicó que no hay señales de respuesta por parte de los receptores de la información robada. Además, Google reveló intentos iraníes de hackear la campaña de Biden, aunque sin éxito aparente.
El panorama de espionaje cibernético no es nuevo. Desde 2016, varios países, incluidos Rusia y China, han sido acusados de intentar influir en las elecciones estadounidenses. Estos incidentes son parte de un patrón de intervención extranjera que busca aprovechar momentos de vulnerabilidad en el proceso electoral de Estados Unidos.
Adicionalmente, la campaña de Trump ha reportado que, según inteligencia de EE.UU., Irán ha estado planeando asesinar al expresidente como represalia por la muerte del general iraní Qassem Soleimani en 2020, ordenada por Trump. Desde entonces, las amenazas han persistido, requiriendo seguridad continua para algunos exfuncionarios de la administración Trump.
La divulgación pública de estos cargos podría desalentar futuros intentos de hackeo. Sin embargo, las complejidades diplomáticas dificultan la captura de los acusados, muchos de los cuales residen en países hostiles a EE.UU. La labor de las autoridades se centra en la identificación y denuncia de estos actos, con la esperanza de mitigar el impacto de estas acciones.