Italia ha puesto en marcha sus polémicos centros de detención de inmigrantes en Albania, tal como confirmó el embajador italiano en Tirana. Bajo el acuerdo alcanzado en 2023, Albania aceptó que Italia enviara anualmente hasta 36,000 migrantes masculinos detenidos en aguas internacionales a dos centros de procesamiento de asilos en el norte de Albania.
Estas instalaciones han desatado la ira de defensores de derechos humanos y políticos de oposición que las tildan de “inhumanas” e “ilegales”. La crítica radica en que, al ser gestionadas por contratistas privados, se alejan del escrutinio público, lo que podría desembocar en violaciones a los derechos básicos de los detenidos. Federica Borlizzi, abogada del CILD, llamó a estos centros “un Guantánamo italiano”, en referencia al famoso campo de detención estadounidense.
Desde que asumió el poder en 2022, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha liderado convenios con países africanos para bloquear las salidas de embarcaciones migrantes. Además, ha instaurado estrictas regulaciones para los inmigrantes que llegan de manera ilegal, lo cual incluye la detención automática.
El gobierno sostiene que el objetivo del acuerdo es aliviar la presión sobre los centros italianos y desalentar a los migrantes a arriesgarse en el mar. Meloni describió el pacto como “un camino nuevo, valiente y sin precedentes”, el cual podría aplicarse con otros países no pertenecientes a la Unión Europea. Quince países miembros de la UE han solicitado a la Comisión Europea que considere modelos similares.
Sin embargo, críticos sostienen que el acuerdo es costoso e inútil, además de estar en contravención con leyes europeas, italianas, y las directrices de la ONU que exigen llevar a los rescatados al puerto seguro más cercano.
Los migrantes enviados a Albania carecerán del derecho a asistencia legal, asegura Anna Brambilla de ASGI, organización que defiende los derechos de los migrantes. “Es bastante difícil que los inmigrantes accedan a un abogado en Italia”, declaró.
La controversia también se centra en la selección de migrantes enviados a Albania. Según el gobierno, vulnerables, mujeres y niños serán llevados a Italia; no obstante, no se garantiza la identificación efectiva de víctimas de tráfico, tortura o niños no acompañados en las embarcaciones.
Informes del CILD critican las condiciones en los centros de detención italianos por hacinamiento y precarias condiciones sanitarias y médicas. Borlizzi resalta que situar estos centros en Albania disminuirá las oportunidades de supervisión, creando “terreno fértil para continuar violando derechos”.
La Alianza Verde y de Izquierda de Italia califica los centros como “campos de concentración” y argumenta que son “una operación de marketing” que no solucionará la crisis migratoria. “La emergencia migratoria depende de factores externos como guerras y el cambio climático”, afirmó su líder, Angelo Bonelli.
En conclusión, este controvertido enfoque de Italia frente a la crisis migratoria no solo es cuestionado por su legalidad y efectividad, sino que también pone en tela de juicio la capacidad de las instituciones para proteger los derechos humanos básicos de quienes buscan asilo en suelo europeo.