El gobierno de Giorgia Meloni en Italia ha tomado medidas firmes respecto a la llegada de migrantes por vías marítimas, estableciendo nuevas y rigurosas regulaciones para las ONG implicadas en rescates en el mar. Con multas que podrían alcanzar los 10,000 euros por incumplir las normas, la legislación propuesta se presentó durante una reunión del Gabinete en Roma y está destinada a ser ratificada la próxima semana.
El aumento en la dificultad para las organizaciones humanitarias surge de acuerdos con gobiernos africanos para frenar las salidas de migrantes y la detención automática de aquellos en situación irregular. Además, se han impuesto restricciones a los barcos de rescate, limitando el número de salvamentos permitidos, obligándolos a tomar rutas alternativas y confiscando embarcaciones en los puertos italianos.
La normativa no se detiene en el mar: también se extiende a las aeronaves de búsqueda y rescate que despeguen o aterricen en Italia, las cuales deberán reportar de inmediato cualquier emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades. El incumplimiento de estas directrices podría conllevar sanciones severas, entre ellas la confiscación de las aeronaves. Un ejemplo reciente es el del barco Geo Barents de MSF, retenido en Génova tras desembarcar más de 200 migrantes.
Dentro del decreto se incluye un enfoque para combatir el fraude de visados, dado que la llegada de migrantes irregulares a las costas italianas ha disminuido en más del 60%. Esta política ha capturado la atención de otros líderes europeos preocupados por la gestión migratoria, aunque no sin recibir críticas y acusaciones de obstrucción sistemática por parte de grupos humanitarios como MSF y Oxfam Italia.
Estas organizaciones han instado a la Comisión Europea a revisar si las nuevas normas de Roma se alinean con el derecho europeo e internacional. Su argumento radica en que tales obstáculos han tenido un costo significativo en vidas humanas. Con la batalla legal en marcha, la situación sigue siendo objeto de intenso debate tanto en el ámbito nacional como internacional, instaurando una tensión que desafía la política humanitaria tradicional.