Un escándalo se cierne sobre la Unión Europea tras una investigación que revela cómo sus fondos destinados a Turquía están siendo utilizados para deportar forzosamente a migrantes de regreso a zonas de conflicto, como Siria y Afganistán. En lugar de mejorar las condiciones de vida de los refugiados, se acusa a Turquía de emplear la infraestructura financiada por la UE para mantener y aumentar la deportación de aquellos que huyen del peligro.

Desde la crisis migratoria de 2015, la UE ha transferido más de 11.000 millones de euros a Turquía, marcando el mayor esfuerzo humanitario en su historia. Sin embargo, el fin último de estos fondos ha sido objeto de críticas, pues se busca frenar el flujo de solicitantes de asilo hacia Europa, manteniéndolos dentro de las fronteras turcas.

Detrás de las paredes de los centros de detención, ahora identificados como centros de deportación, surgen inquietantes reportes de maltrato. Según los testimonios de los detenidos, se observan prácticas de tortura, negligencia y negación de servicios básicos. Existen vehículos con el emblema de la UE usados para patrullar y reunir migrantes indocumentados, y en algunos casos, se han forzado reclusos a cruzar las fronteras sin su consentimiento.

Un tal Sami, quien pidió el anonimato tras su experiencia, narra el horror vivido en un centro de Şanlıurfa, del cual emergió gravemente enfermo y con 29 kilos perdidos. Víctima de una deportación forzada, Sami es un ejemplo del trato que han denunciado experimentan aquellos retenidos en dichos centros financiados por la UE.

Largos años de advertencias de organizaciones civiles y de los propios funcionarios de la UE parecen haber caído en saco roto. En octubre, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el tratamiento por parte del Talibán a las mujeres constituye persecución, confirmando el peligro que representa coordinar retornos “voluntarios” a zonas de alto riesgo como Afganistán.

El panorama pinta peor para aquellos que no son de origen europeo, limitados a la aferrada versión turca de la Convención de Ginebra. Algunos de estos migrantes son también enviados de regreso a los países vecinos o dejados en tierra de nadie, sin esperanza ni amparo legal.

La negativa del organismo europeo a reconocer públicamente la gravedad de la situación desvela una falta de responsabilidad hacia los derechos humanos. Mientras altos funcionarios como Olivér Várhelyi priorizan las “devoluciones” masivas, las condiciones inhumanas reveladas dentro de los centros muestran una realidad donde la dignidad es despojada.

Europa debe reflexionar sobre el impacto de sus políticas de migración y las vidas que están en juego. La financiación de la infraestructura para deportaciones en Turquía suscita no solo preguntas éticas, sino la necesidad urgente de reevaluar compromisos que contradicen sus propios ideales de derechos humanos.