Los crecientes desastres climáticos, como huracanes e incendios forestales, están ejerciendo una presión considerable sobre los programas estatales de seguros, conocidos como aseguradores de último recurso. Estos programas, principalmente en lugares como Florida y California, están adoptando un papel que tradicionalmente pertenecía al sector privado debido al aumento del riesgo climático y la retirada de los seguros privados.
Los huracanes Helene y Milton han puesto en evidencia las preocupaciones sobre la estabilidad financiera de estos planes estatales. Con eventos climáticos cada vez más severos, estos aseguradores enfrentan el reto de sostener pólizas cada vez más riesgosas en ubicaciones vulnerables. La amenaza de que estas aseguradoras tengan que eventualmente recurrir a los contribuyentes federales para cubrir las pérdidas aumenta, generando inquietudes entre expertos financieros y legisladores.
En Florida, los daños de Milton hicieron estragos, aunque no fue el peor escenario posible, y Citizens Property Insurance, el mayor asegurador respaldado por el estado, afirma que puede cubrir las pérdidas a través de su reserva de fondos para catástrofes. Sin embargo, se han incrementado las dudas sobre la solvencia de Citizens, mientras que las primas de seguros continúan al alza en todo el estado. El escepticismo aumenta sobre la capacidad de los estados para soportar el peso financiero de manera indefinida.
A su vez, California experimenta problemas similares. La estrategia de resiliencia climática del comisionado de seguros Ricardo Lara busca gestionar estos riesgos permitiendo una recuperación de pérdidas más ágil a las aseguradoras privadas. Sin embargo, la presión sobre los recursos estatales crece a medida que los rechazos de cobertura por parte de las aseguradoras privadas aumentan significativamente.
La conmoción no es exclusiva de estos dos estados. Texas, Luisiana y Carolina del Norte también afrontan desafíos con sus planes de seguros. En Luisiana, por ejemplo, los ajustadores han incrementado las tarifas en un 63% debido al aumento del riesgo de sus pólizas. Estas circunstancias han incitado a discusiones en el Senado sobre la sostenibilidad de tales sistemas.
Las propuestas legislativas buscan aliviar esta carga a nivel federal mediante la emisión de bonos gubernamentales baratos para cubrir el déficit de las primas o creando programas de reaseguro federal. Sin embargo, hay poca tracción en estos esfuerzos, lo que deja a muchos estados ante un desafío cada vez más difícil de manejar sin apoyo externo.
La presión sobre estas agencias públicas es un claro indicador de que los riesgos climáticos están reescribiendo el panorama del seguro en Estados Unidos. La gestión de estos riesgos por parte de estados como Florida y California servirá como lección para otros estados que enfrentan situaciones similares. La pregunta sigue siendo si el gobierno federal intervendrá en esta crisis emergente para estabilizar los mercados y asegurar la protección de millones de propietarios en todo el país.