En medio de un clima político tenso, el presidente francés, Emmanuel Macron, se embarca en una tarea nada fácil: proteger el acuerdo integral de economía y comercio entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA. Aunque los capítulos del acuerdo sobre libre comercio de bienes entraron en vigor provisionalmente en 2017, la ratificación del acuerdo aún pende del hilo de las decisiones de varios parlamentos nacionales dentro de la UE. Los ministros de Macron y ciertos legisladores desean poner un alto a CETA, pero carecen de los votos suficientes para hacerlo caer por completo.

El acuerdo ha aportado beneficios considerables a agricultores y fabricantes franceses, aunque también se ha convertido en el blanco de la política hostil y la opinión pública. Hay objeciones sonoras desde el sector agrícola francés, que teme la competencia de sus homólogos canadienses. Las ONG ambientales y la mayoría de los partidos políticos, con excepción del partido de Macron, expresan su oposición al acuerdo. La dificultad del presidente francés se magnifica con la postura proteccionista del nuevo gobierno, lo cual representa un desafío relevante frente a la intención de Canadá de obtener garantías sobre el futuro del acuerdo.

Con los recientes cambios en el gobierno francés, incluidos ministros como Annie Genevard en Agricultura y Sophie Primas en Comercio, la defensa de CETA podría complicarse aún más. En una atmósfera de escepticismo parlamentario, las probabilidades de que el convenio sobreviva a un voto en la Asamblea Nacional parecen escasas. Aunque Francia tuviese la intención de revocar el acuerdo, se enfrenta una mayoría aplastante a favor en el seno de la UE: diecisiete países ya han ratificado el pacto.

Los exportadores franceses a Canadá han aumentado un 33% entre 2017 y 2023. Sin embargo, la miopía política podría empañar futuros esfuerzos de negociación si el rechazo a CETA se concretase. Las confrontaciones políticas internas amenazan con bloquear no solo el acuerdo vigente, sino también otros tratados en fase de exploración. Este panorama hace que Ottawa observe cada movimiento de París con atención, consciente de que la postura de Francia sirve de indicador de futuros compromisos comerciales con otros bloques.

En última instancia, incluso si la Asamblea Nacional decidiera votar contra el pacto, Francia podría omitir notificar a Bruselas sobre la falta de ratificación, como ha hecho Chipre. La Comisión Europea se vería obligada a elaborar un plan para terminar la aplicación provisional del acuerdo, lo cual necesitaría la adopción de una mayoría cualificada en el seno de la UE. Este complejo tapiz político refleja la creciente influencia proteccionista dentro de Francia y su impacto en su política comercial exterior, una situación que Macron deberá manejar con cautela para no aislarse políticamente en la escena europea.