La reciente apertura del gobierno de Mozambique a la investigación sobre las acusaciones de violencia militar en un proyecto gasístico refleja un giro significativo en las políticas de transparencia del país africano. En un acto considerado por muchos como un paso hacia la rendición de cuentas, el Ministerio de Defensa de Mozambique ha declarado su disposición total a aceptar una investigación transparente e imparcial sobre los incidentes presuntamente ocurridos en las instalaciones de gas natural operadas por TotalEnergies.

El informe que desató esta oleada de escrutinio fue elaborado por POLITICO, el cual detalló cómo, en 2021, un destacamento militar moçambicano, asignado para proteger la planta de gas en Cabo Delgado, fue responsable de masacrar a decenas de civiles locales. Las acusaciones son desgarradoras, ya que vinculan a los soldados con el asesinato, tortura y hambre de ciudadanos que fueron acusados de pertenecer a insurgencias islamistas, siendo encerrados en contenedores de carga durante meses.

A pesar de la gravedad de estos reclamos, el Ministerio de Defensa ha refutado tajantemente estas denuncias, argumentando que no existen pruebas que involucren al ejército en tales actos de brutalidad. Además, las autoridades moçambicanas aseguran que las actividades militares están exclusivamente enfocadas en combatir el terrorismo, y en la protección de la población civil y sus bienes contra las amenazas insurgentes.

Por otro lado, TotalEnergies, la empresa multinacional encargada del proyecto gasístico, negó tener conocimiento de dichos incidentes o recibir información relevante que confirme tales eventos. Esta postura ha llamado la atención, dado que antes de la contratación del personal militar, ya existían advertencias sobre posibles abusos de derechos humanos perpetrados por algunos elementos de las fuerzas de seguridad locales.

La comunidad internacional ha seguido de cerca estos acontecimientos, reconociendo la importancia de investigar a fondo las denuncias. Mozambique, ante la creciente presión externa y el interés global sobre sus políticas contra el terrorismo, podría experimentar una transformación en la manera en que maneja tanto sus recursos naturales como las acusaciones sobre violaciones de derechos humanos. El país está actualmente en un dilema entre mantener sus alianzas energéticas y responder a las crecientes preocupaciones sobre derechos humanos.

En conclusión, mientras Mozambique da muestras de valorar la transparencia, la presión interna y externa seguirá siendo crucial para efectivamente esclarecer los terribles acontecimientos mencionados y marcar un precedente de justicia en escenarios donde los conflictos armados y los intereses económicos colisionan.