La reciente publicación de un informe por parte de la Comisión de Investigación Independiente Internacional sobre los Territorios Palestinos e Israel ha suscitado conmoción en la comunidad internacional al denunciar a Israel de orquestar una política concertada para desmantelar el sistema de salud en Gaza. En el informe se acusa a las fuerzas israelíes de llevar a cabo el asesinato intencionado y la tortura de personal médico, además de atacar deliberadamente vehículos médicos y restringir los permisos para que los pacientes puedan salir del asediado enclave de Gaza.

Navi Pillay, presidenta de la comisión, exclamó que esta situación “debe parar de inmediato” y recalcó el impacto negativo significativo a largo plazo sobre la población civil al objeto de las infraestructuras médicas. El derecho a la salud, indicó, está siendo atacado directamente. Cabe mencionar que bajo el derecho internacional, hospitales y centros sanitarios pierden su estatus de protección si se utilizan con fines militares, como ha argumentado Israel, acusando a Hamas de militarizar estos lugares.

La discordia entre la ONU e Israel se ha intensificado, con el reciente anuncio de Israel nombrando al Secretario General de la ONU, António Guterres, como persona “no grata” al país, una movida surgida después de controversias donde Guterres aludió que los actos de Hamas ocurrieron “en un vacío” y ha censurado las acciones militares israelíes que resultan en la muerte de civiles en Gaza.

Este tenso panorama refleja las complejidades de un conflicto prolongado, que afecta no solo a los contendientes directos, sino también a la percepción internacional y las sensibilidades diplomáticas alrededor del mundo.