En la primavera de 2021, el Reino Unido, bajo la dirección del entonces Primer Ministro Boris Johnson, se vio inmerso en una acalorada disputa con la Unión Europea sobre las vacunas Covid-19 producidas en la fábrica de Halix ubicada en Leiden, Países Bajos. Esta planta era responsable de suministrar las vacunas de AstraZeneca, contratadas tanto por el Reino Unido como por la UE.

La tensión surgió cuando la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenazó con cortar las exportaciones de vacunas a aquellos países que tenían tasas de vacunación más altas que la UE o que se negaban a compartir sus propias existencias. Esto incluía al Reino Unido, que en ese momento cumplía ambos criterios, según Johnson.

El relato se torna más dramático en las memorias de Johnson, tituladas “Unleashed”, donde describe los intentos frustrados de liberar las dosis tras agotadoras negociaciones de dos meses con la UE. En un giro casi cinematográfico, Johnson pidió a las fuerzas armadas británicas que formularan un plan para secuestrar las vacunas por la fuerza.

Los altos mandos sugerían el envío de tropas para cruzar el Canal de la Mancha de manera clandestina y hacerse con los valiosos viales, según se detalla en las memorias. Sin embargo, el plan fue rápidamente abandonado dada la insensatez de invadir a un aliado de la OTAN, una idea que incluso Johnson calificó de “locura”.

Esta revelación subraya las tensiones extremas y algunas de las medidas desesperadas consideradas durante uno de los períodos más oscuros de la crisis sanitaria, reflejando el arduo camino que los países han atravesado para asegurar las vacunas para sus poblaciones. A la luz de esta situación, la pregunta permanece: ¿hasta dónde es demasiado lejos cuando se trata de proteger la salud de un país?