En una sesión que fue calificada como caótica, solo tres de los 26 candidatos a comisionados europeos recibieron el visto bueno tras una serie de revisiones exhaustivas de antecedentes realizadas por los eurodiputados. Estos son Piotr Serafin de Polonia, Olivér Várhelyi de Hungría y Wopke Hoekstra de los Países Bajos, quienes fueron considerados libres de conflictos de interés por el comité de asuntos legales del Parlamento Europeo, conocido como JURI.
Durante la prolongada reunión de tres horas y media, los diputados expresaron su descontento con las declaraciones presentadas por los nominados, muchas de las cuales estaban en gran parte vacías. Se decidió que 23 de los nominados debían responder a una serie de preguntas generales para esclarecer su situación financiera. Estas preguntas buscan asegurar que los candidatos entiendan plenamente el proceso y presenten información adecuada sobre sus activos.
Un representante comentó que no era “creíble” que tan pocos nominados hubieran declarado poseer bienes de más de 10,000 euros. Ante los escasos detalles financieros proporcionados, algunos comisionados que sí declararon grandes sumas enfrentarán indagatorias sobre el origen de sus riquezas. Nombres como Apostolos Tzitzikostas, Marta Kos y Raffaele Fitto han sido señalados para recibir preguntas específicas sobre sus recursos financieros.
En particular, se ha solicitado a Dubravka Suica vender sus acciones en Atlantska Plovidba y Hrvatski Telecom, valoradas en 3,684 y 2,029 euros respectivamente. Asimismo, Kaja Kallas deberá aclarar las relaciones de su esposo con empresas que mantienen vínculos con Rusia.
El liderazgo del Parlamento ha establecido que el comité JURI deberá completar sus revisiones para el 18 de octubre, mientras que las audiencias finales con los candidatos a comisionados se programaron para celebrarse entre el 4 y el 12 de noviembre. Dentro de este proceso, los comisionados tienen la opción de completar sus propias declaraciones y decidir qué aspectos responder. Sin embargo, este sistema ha recibido críticas por la falta de transparencia y el tiempo limitado para ejercer una supervisión adecuada.
Al final, el Parlamento espera arrojar claridad sobre las circunstancias financieras de los comisionados y mantener la integridad del proceso mediante un escrutinio más detallado de sus declaraciones de intereses. El proceso, aunque engorroso, es esencial para garantizar la confianza pública en el liderazgo de la Unión Europea.