En medio de una controversia que ha captado la atención global, la plataforma Social Media X está empezando a alinearse con las órdenes emitidas desde el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Durante semanas, la plataforma había estado resistiéndose a cumplir con las condiciones que le permitirían operar nuevamente en el territorio brasileño. Sin embargo, en un cambio significativo de dirección, X ha comenzado a tomar medidas concretas para adaptar su operación a los requerimientos legales de Brasil.
De acuerdo con un reporte en The New York Times, los abogados de X presentaron un escrito judicial el pasado viernes confirmando que la empresa ha designado oficialmente un representante legal en Brasil, cumpliendo así una de las exigencias principales del juez Alexandre de Moraes. A su vez, la compañía ha procedido a eliminar ciertas cuentas consideradas una amenaza para la democracia, además de abonar las multas que tenía pendientes.
Pese a estos avances, desde el Supremo Tribunal han señalado que X todavía tiene pendiente la entrega de documentación necesaria para formalizar el nombramiento de su representante legal en el país. El tiempo apremia, dado que se le ha dado un plazo de cinco días para completar este proceso, según indican fuentes de Reuters.
El pasado viernes, X nombró a Rachel de Oliveira Conceição como su nueva representante legal en Brasil, lo que supone un paso clave para reinstaurar el acceso al servicio para los usuarios brasileños. Desde finales de agosto, X había sido bloqueada en Brasil, aunque experimentó una breve reactivación la semana pasada mediante el uso de los servicios de DNS de Cloudflare, lo que la compañía definió como un acto “involuntario y temporal”.
Un portavoz de X expresó que la empresa está comprometida en trabajar con el gobierno brasileño para reestablecer sus operaciones a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, las tensiones siguen presentes, ya que las autoridades brasileñas han amenazado tanto a X como a Starlink con multas diarias de casi un millón de dólares en caso de incumplimiento. Además, cualquier usuario que utilice VPN para acceder a X podría enfrentar gravísimas sanciones de aproximadamente 8.900,00 €.
Este reciente allegamiento de X a las directrices judiciales indica un esfuerzo consciente por resolver la situación y potencialmente operar de nuevo de manera legal dentro de Brasil. Este desarrollo también provoca preguntas sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y las medidas legales destinadas a proteger la democracia en el entorno digital.