El reciente anuncio del intento de adquisición de Doliprane por el fondo de inversión estadounidense CD&R ha desatado numerosos debates en Francia. Los ministros Antoine Armand, de Economía, y Marc Ferracci, de Industria, visitaron el lunes pasado la planta de fabricación de Doliprane en Lisieux (Calvados), mientras el gobierno francés navega con cautela ante la presión de distintos sectores para decidir sobre el futuro del emblemático medicamento.

En un informe preparado para los ministros y divulgado por POLITICO, se subraya que actualmente un bloqueo de la operación de compra “no parece justificado” con la información disponible. Sin embargo, el ministerio no descarta revocar su posición si surgen nuevas evidencias que justifiquen un cambio de rumbo. Los autores del documento remarcan también las “perspectivas positivas” que el inversionista estadounidense podría ofrecer a Opella, la subdivisión de Sanofi encargada del medicamento.

El gobierno está usando todas las herramientas a su disposición para controlar la inversión extranjera, anota el informe. Desde la promulgación del decreto Montebourg en 2014—y su reciente refuerzo por Bruno Le Maire—, el ejecutivo tiene la capacidad de vetar adquisiciones de empresas consideradas estratégicas. Esta herramienta, aunque usada mayormente para imponer condiciones estrictas, permite al Estado dar su visto bueno bajo ciertas directrices.

No obstante, la comunicación oficial del gobierno ha sido calificada como “vaga” e “indecisa” tanto por críticos como por aliados. Un grupo de 62 diputados ha urgido al ministro económico a evaluar la venta cuidadosamente, mientras Arthur Delaporte, diputado de Calvados, cuestionaba la transparencia del gobierno en su comunicación pública.

El pulso se desarrolla en un contexto de intensa competencia en la industria farmacéutica internacional, lo que coloca al gobierno en una encrucijada entre apaciguar a la opinión pública y mantener el interés de los inversores extranjeros.

A medida que el debate continúa, queda claro que el gobierno francés busca balancear minuciosamente sus decisiones. Si bien no ha descartado completamente un rechazo a la adquisición, mantiene una postura abierta en este proceso. La situación revela una clara tensión entre proteger intereses estratégicos nacionales y fomentar una economía global. Todo esto mientras se cuelan inquietudes sobre el impacto que esto podría tener en los trabajadores de Opella.

En conclusión, el gobierno francés camina sobre una cuerda floja: equilibrar pragmatismo económico con sensibilidad social. El camino elegido por el Ejecutivo no solo marcará el futuro de Doliprane, sino también cómo los políticos navegan las aguas de la soberanía industrial en un mercado global ya de por sí competitivo. La conclusión final, aún en desarrollo, podría sentar un precedente importante para las futuras adquisiciones de bienes estratégicos en Francia.