En un panorama fiscal cada vez más complejo, el primer ministro francés, Michel Barnier, se enfrenta a una de las pruebas más desafiantes de su carrera política justo en el primer mes de su mandato. Al asumir el cargo, Barnier heredó una crisis fiscal preocupante que amenaza con exacerbarse. Con un déficit fiscal proyectado a superar el 6 por ciento del PIB este año, Barnier ha hecho un llamado a la colaboración entre las divididas fuerzas políticas de la Asamblea Nacional, instándoles a priorizar el interés nacional antes que las diferencias ideológicas.

El primer ministro ha señalado que el presupuesto preliminar para 2025, que se presentará esta noche, será crucial para restaurar la credibilidad económica de Francia. Actualmente, la deuda acumulada del país ha alcanzado los 3.2 billones de euros, representando el 112 por ciento del PIB, una cifra alarmante que sitúa a Francia pagando intereses más altos por su deuda a cinco años en comparación con España o Grecia.

Barnier ha solicitado a la Unión Europea una prórroga de dos años para cumplir con el límite del déficit del 3 por ciento del PIB, una meta que parece cada vez más inalcanzable dadas las circunstancias económicas actuales. El nuevo objetivo de déficit para el próximo año se ha fijado en un 5 por ciento, contraviniendo la promesa previa de un 4.1 por ciento realizada por el presidente Emmanuel Macron y el exministro de Hacienda Bruno Le Maire.

La crisis fiscal actual tiene sus raíces en decisiones de largo plazo. Desde la década de 1970, ningún gobierno ha logrado equilibrar el presupuesto nacional, y la deuda se incrementó notablemente durante la administración de Nicolas Sarkozy, especialmente después de la crisis bancaria de 2008. Durante los años de Macron, la deuda aumentó del 100 al 112 por ciento del PIB, atribuido en gran parte a la necesidad de enfrentar crisis globales como la pandemia de COVID-19 y el incremento inflacionario derivado de la invasión rusa a Ucrania.

Para estabilizar la economía, Barnier planea concentrar dos tercios del esfuerzo de reducción del déficit en el recorte del gasto público, exceptuando áreas como educación, salud y defensa. Asimismo, ha propuesto un incremento del impuesto a las grandes empresas, imponiendo una sobretasa del 8.5 por ciento a las ganancias de empresas con una facturación superior a los mil millones de euros, afectando a unas 300 empresas.

Sin embargo, la estrategia de Barnier enfrenta una fuerte oposición. Su coalición aún está lejos de obtener la mayoría necesaria de 289 votos en la Asamblea para aprobar el presupuesto, enfrentándose a una posible serie de mociones de censura. Con un total de 213 escaños, necesita unificar a las fuerzas políticas mientras maneja las divisiones internas y la resistencia de la coalición de izquierda, que aboga por impuestos más altos a las grandes empresas y mejoras en el gasto social.

En últimas instancias, Barnier se encuentra en un territorio complicado. Su habilidad para negociar y lograr un consenso será crucial no solo para sobrevivir políticamente, sino también para asegurar que Francia no pierda más terreno en su ya delicada situación económica. Una gestión hábil y estratégica será indispensable mientras trata de navegar por estas agitadas aguas fiscales y estabilizar la economía francesa en los próximos años.