Con la apertura del nuevo período de sesiones del Tribunal Supremo, todas las miradas se centran en el posible impacto de sus decisiones en las elecciones presidenciales de 2024. El tribunal, que cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3, se prepara para abordar hasta 40 casos esta temporada, de los cuales ninguno es tan relevante como los destacados anteriormente en términos como derechos al aborto o acción afirmativa.

Sin embargo, la agenda del Tribunal podría cambiar drásticamente con varios temas electorales inminentes. Uno de esos desafíos se ubica en Pensilvania, donde las batallas legales sobre la validez de las papeletas por correo parecen no encontrar fin. Recientemente, la Corte Suprema del estado acordó revisar si los votantes pueden “curar” errores que invalidan sus votos por correo. Un intento de imponer requisitos adicionales de identificación ya está en camino a través del sistema judicial.

Por otro lado, Carolina del Norte se enfrenta a las secuelas del huracán Helene, que ha trastocado por completo las elecciones en el estado. La Junta de Elecciones del estado ya ha extendido algunos plazos, pero cualquier nueva extensión está bajo la lupa, mientras que la complejidad de las leyes electorales relacionadas con votantes que se mudan antes del día de la elección añaden otra capa de complicación.

Georgia también vive tiempos revueltos con una junta electoral estatal que parece dividirse entre lealtades a Trump y normas electorales más tradicionales. La reciente decisión de la junta de exigir un recuento manual de las papeletas el día de la elección es vista como una movida polémica, causando división entre los funcionarios locales y estatales.

En la atención a problemas más amplios, un caso de Arizona sobre la certificación de los resultados electorales desde un condado no conforme ha despertado interés nacional. Mientras tanto, la legislación conocida como la Ley de Reforma del Conteo Electoral, que entrará en juego por primera vez este ciclo, promete aclarar las reglas del proceso de certificación, aunque su aplicabilidad aún podría ser cuestionada.

A medida que el día de elecciones se acerca, los expertos anticipan que cualquier fallo en estos casos podría potencialmente llevar a revisiones urgentes por parte del Tribunal Supremo, dejando abierta la posibilidad de un escenario similar al de Bush v. Gore.

Con todas estas amenazas legales en el aire, el camino hacia noviembre se perfila turbulento. La confianza pública en el Tribunal Supremo sigue disminuyendo y decisiones adicionales podrían inflar el escepticismo. En cualquier caso, el tribunal no parece ansioso por mediar en otra elección presidencial, pero los caprichos de la política pueden empujarlo hacia un papel central. De reconocerse el peso de cada voto y la claridad electoral, el Tribunal podría contribuir a dejar el camino despejado para una elección más justa y transparente.