El reciente conflicto entre las autoridades de Brasil y el conglomerado tecnológico vinculado a Elon Musk ha tomado un giro contundente. Tras un inesperado retorno del acceso a la plataforma X en Brasil, el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, ha lanzado una amenaza clara: podrían enfrentar multas mediáticas diarias que ascienden a casi 1 millón de dólares. Un desafío singular en la creciente tensión entre las altas esferas judiciales brasileñas y las grandes compañías tecnológicas.

La medida es una respuesta a la “restauración inadvertida y temporal” de X en el país sudamericano, una incidencia que la empresa atribuyó a un cambio de proveedores de red. Este cambio, según afirmaciones de X, pretendía proporcionar servicio a toda América Latina y no aludía a un específico regreso al mercado brasileño. No obstante, Brasil considera este hecho una alteración directa al bloqueo impuesto el mes previo.

En el núcleo de este embrollo tecnológico, X había empezado a utilizar los servidores de Cloudflare en la región. Esta maniobra dificultó que los proveedores de servicios de internet locales ejecutaran el bloqueo ordenado por el tribunal. En consecuencia, el juez Moraes ordenó a los reguladores de internet brasileños que implementen “medidas inmediatas” para bloquear no solo Cloudflare, sino también los servidores Fastly y EdgeUno, acusados de eludir la orden judicial.

Entre el peso de este auto se encuentra Starlink, que también podría afrontar una responsabilidad solidaria si X no cumple con su penalización financiera. Cabe destacar que las cuentas bancarias brasileñas de la mencionada Starlink ya habían sido congeladas debido a anteriores desavenencias legales.

La reacción de X ante esta nueva escaramuza judicial ha sido, hasta el momento, silente. El silencio podría interpretarse, en el mejor de los casos, como parte de una estrategia más amplia de comunicación y, en el peor de los casos, como una descuidada negligencia ante la gravedad de la situación.

Con esta pugna entre corporaciones y estado, surge una pregunta inquietante sobre la soberanía tecnológica y el poder de las jurisdicciones nacionales versus la influencia de las macrotendencias digitales. No solo se trata de desafíos fiscales o disputas comerciales, sino de un pulso tangible sobre quién controla realmente el acceso a la información en la era moderna.