El gigante chino de drones DJI ha entablado una batalla legal contra el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) en un intento por eliminarse de la lista del Pentágono que la designa como una “compañía militar china”. Este paso se ha dado después de que la empresa experimentara graves repercusiones financieras y reputacionales derivadas del etiquetado oficial como amenaza a la seguridad nacional. Desde que fue incluida en dicha lista, ha visto afectado su negocio tanto con clientes estadounidenses como internacionales, resultando en la cancelación de contratos y la pérdida de oportunidades con diversas agencias del gobierno federal.
DJI asegura que no está ni controlada ni posee vínculos con el Ejército Chino, y se define como el mayor vendedor privado de drones para consumo y comercio, ampliamente preferido por cuerpos de emergencia y diversos sectores empresariales. Frente a este conflicto, DJI asegura haber mantenido un diálogo persistente con el Departamento de Defensa durante más de 16 meses, coronado por una petición formal de eliminación de la lista en julio de 2023. Sin embargo, el DoD no ha proporcionado una respuesta satisfactoria. Por el contrario, la designación fue reafirmada a principios de 2024 sin previo aviso.
En su queja formal, presentada en tribunales, DJI expone que el DoD solo compartió su justificación completa después de ser notificada de la intención de buscar un recurso judicial. Alega que la explicación proporcionada se basa en “hechos obsoletos y conexiones diluidas”, confundiendo nombres comunes de origen chino, lo que según la compañía no sostiene la designación impuesta.
Actualmente, DJI busca que el tribunal declare las acciones del DoD como inconstitucionales, señalando la falta de fundamentos legales detrás de la inclusión de la empresa en la lista de “compañías militares chinas”. Destaca que tal acción constituye una violación de sus derechos a un debido proceso. Cabe recordar que DJI ya había enfrentado sanciones del Departamento de Comercio en 2020, así como ser añadida a la lista del Departamento del Tesoro en 2021 por su supuesta vinculación en la vigilancia de la población uigur en China. Recientemente, sus drones más nuevos fueron retenidos por la aduana estadounidense bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, a pesar de la negativa de la compañía sobre operar en la región de Xinjiang.
El desenlace de esta demanda podría tener un amplio impacto en cómo las empresas tecnológicas chinas operan en Estados Unidos, así como en las futuras relaciones comerciales y regulatorias entre ambas naciones. DJI se encuentra en un punto crucial, donde el resultado de su lucha judicial podría restablecer o deteriorar aún más su posición en el mercado norteamericano.