Los drones de DJI, incluyendo su modelo más reciente Air 3S, han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) debido a supuestas violaciones relacionadas con la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur (UFLPA). La empresa se ha manifestado afirmando que estas alegaciones son infundadas y completamente falsas.

En un intento por demostrar su compromiso, DJI ha enviado documentación que justifica su cumplimiento con la UFLPA. Han destacado que no poseen instalaciones de manufactura ni fuente de materiales desde la región de Xinjiang, considerada por Estados Unidos como problemática para el trabajo forzado Uigur. DJI, además, ha recordado que no se encuentra listado dentro de las entidades cuestionadas por la UFLPA y que su cadena de suministro se somete a una debida diligencia exhaustiva por minoristas reconocidos en Estados Unidos.

Por su parte, la CBP aún no ha emitido comentarios sobre la situación. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos analiza un posible bloqueo de los drones DJI bajo el Acta de Autorización de Defensa Nacional 2025, después de que una enmienda fuera reintroducida a pesar de ser eliminada previamente del proyecto original.

No obstante, un eventual veto sobre importaciones no impediría a los consumidores actuales utilizar los drones ya adquiridos. DJI mantiene un notable dominio del mercado mundial de drones, cubriendo un impresionante 70% del mercado, con un predominio del 90% de uso por parte de entidades de seguridad pública.

En resumen, esta controversia subraya las dificultades inherentes al comercio internacional donde las legislaciones locales pueden complicar la distribución aunque las empresas cumplan con las normativas vigentes. Un resultado final equilibrado dependerá de la comunicación efectiva entre las partes involucradas y de una comprensión mutua hacia el cumplimiento de las leyes.