En un esfuerzo por garantizar un acceso equitativo a servicios de Internet de alta velocidad, se han puesto en marcha numerosas iniciativas a nivel federal y estatal en Estados Unidos. Estas buscan ofrecer subsidios a los proveedores de Internet para que desplieguen infraestructura de banda ancha en zonas desatendidas. Sin embargo, el principal escollo radica en que el mapa de cobertura de banda ancha, un elemento clave para determinar la elegibilidad para estas ayudas, se basa en datos auto-reportados por las empresas proveedoras, que podrían tener incentivos para desvirtuar su cobertura.

El nuevo modelo desarrollado por un equipo de investigadores de Virginia Tech, que emplea un conjunto de datos de más de 750 mil observaciones de más de 900 proveedores, pretende abordar los desafíos de integridad en el mapa nacional de banda ancha. Estos datos, reunidos a partir de información regulatoria y pruebas de velocidad hechas por ciudadanos, permiten clasificar la exactitud de los informes regulatorios de los proveedores, logrando un rendimiento excepcional en la evaluación de ejemplos no vistos previamente.

La herramienta no solo permite a los responsables políticos y organizaciones de la sociedad civil identificar áreas probablemente mal reportadas, sino también facilita a los usuarios interesados en impugnar las afirmaciones de disponibilidad de servicio la planificación de desafíos con mayor probabilidad de éxito. Los desafíos parten de recopilar datos sobre la infraestructura de red física de un proveedor, lo cual puede implicar un proceso costoso y laborioso.

La sistematización de la identificación de afirmaciones incorrectas se complementa con la utilización de pruebas de velocidad. Aunque esta metodología presenta ciertas limitaciones, incluyendo sesgos en la selección de lugares representativos, su integración con datos regulados permite inferir qué zonas tienen realmente servicio. Un caso emblemático es el del Proveedor de Cable del Condado de Jefferson, que sobrerrepresentó intencionadamente las áreas que cubría para restringir el acceso a programas de financiamiento público en sus alrededores, resultando en una multa por parte de la FCC.

Con el tiempo, estos esfuerzos no solo buscan mejorar la veracidad del mapa de banda ancha, sino también asegurar que los fondos públicos asignados a las infraestructuras de Internet se destinen efectivamente a las zonas con mayor necesidad, garantizando así que el acceso a la banda ancha no solo sea más equitativo, sino también fiel a las necesidades reales de la población.