Cuatroteen estados han presentado sendas demandas contra TikTok, destacando preocupaciones significativas sobre la salud mental de los jóvenes y la privacidad de datos. Las demandas, encabezadas por los fiscales generales de Nueva York y California, acusan directamente a la plataforma de sabotear el bienestar mental de los menores mediante características “adictivas.” Estas funciones, que incluyen notificaciones continuas y videos que se reproducen automáticamente, son citadas como elementos fundamentales en muchas aplicaciones sociales modernas. Sin embargo, la preocupación principal recae sobre los retos peligrosos que circulan en la plataforma, como el consumo excesivo de medicamentos y jugar con enchufes eléctricos.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, expresó que “los jóvenes están luchando con su salud mental debido a plataformas de redes sociales adictivas como TikTok”, subrayando la peligrosa dinámica que enfrenta la juventud en la era digital. Si bien estos desafíos son iniciados por usuarios de TikTok y no por la empresa misma, los fiscales argumentan que el modelo de negocio subyacente de TikTok está diseñado para maximizar el tiempo de los usuarios jóvenes en la plataforma, incrementando así los ingresos de la publicidad dirigida.

Las demandas también sugieren que TikTok permite la explotación sexual de sus usuarios más jóvenes a través de componentes como una moneda propia y un servicio de transmisión en vivo. Este servicio, supuestamente solo para adultos, está cuestionado por tener medidas de verificación de edad deficientes, permitiendo que menores mientan sobre su edad. En un entorno que ofrece a los usuarios la oportunidad de recibir moneda virtual de los espectadores, las insinuaciones de explotación sexual han sido contundentes, afirmando que TikTok prioriza el beneficio económico frente a la seguridad infantil.

Además, las acusaciones señalan que tanto TikTok como su empresa matriz ByteDance recopilan datos de los jóvenes usuarios sin su consentimiento. No es la primera vez que se acusa a TikTok de recolectar información personal de menores y no cumplir con las peticiones de eliminación de datos, dado que el Departamento de Justicia ya había presentado una demanda en agosto al respecto.

El objetivo de estas demandas es aplicar sanciones financieras significativas a TikTok, buscando la “devolución de todas las ganancias obtenidas de estas prácticas fraudulentas e ilegales” y la compensación a los usuarios perjudicados. TikTok ha respondido firmemente mediante comunicados en los que desacredita las acusaciones, catalogándolas de “inexactas y engañosas.” Han mencionado sus medidas de seguridad que incluyen límites de tiempo por defecto y emparejamiento familiar para menores.

Mientras tanto, ByteDance enfrenta presión para vender TikTok a un comprador no chino antes del 17 de enero para evitar una posible prohibición nacional, aunque sus abogados argumentan que esta ley es inconstitucional. La Fundación Frontera Electrónica se ha pronunciado en contra de las demandas, expresando que los algoritmos de redes sociales no son inherentemente dañinos y que la decisión sobre el uso de TikTok por jóvenes debería recaer más en familias que en los estados.

En última instancia, este conflicto pone de manifiesto la necesidad imperiosa de normas sólidas para la privacidad en el entorno digital moderno, subrayando la importancia de un debate continuo y profunda reflexión acerca de la influencia de las gigantes tecnológicas en la sociedad contemporánea.